Sobre la "emergencia vial"

En la Argentina de los últimos años se ha puesto de moda hablar de emergencias. Ha existido una emergencia económica, se ha hablado de emergencia sanitaria, de emergencia educativa, se habla de emergencia vial… pero nadie se ha puesto a pensar seriamente qué significa la declaración de la emergencia por parte del gobierno de turno.

En mi humilde opinión, la declaración de una emergencia es solo una reacción espasmódica que denota impotencia. Es algo así como un “esto me resulta incontrolable e inentendible y aviso que, a partir de este momento, voy a hacer cualquier cosa, aunque esté “fuera de la ley”, en un intento por encontrarle la vuelta”.

Si bien todas las “emergencias” son importantes; me voy a ocupar, momentáneamente, de lo que se denomina emergencia vial.

A partir de ciertos “accidentes” que han tenido mucha cobertura periodística se ha centrado la mirada en la situación de nuestro tránsito; sin reparar en que, mucho de lo que ocurre en nuestras calles, es solo una faceta más de lo que ocurre en toda nuestra sociedad.

A lo largo de la década de los noventa, la sociedad argentina vivió un proceso que conducía a un estado de anomia y anarquía que no va a ser fácilmente reversible. En esos años el Estado se fue desligando, poco a poco, de todas sus responsabilidades en lo que hace a control. Uno podía ver a diario cómo alguna gente tenía un obsceno cambio patrimonial que a nadie importaba, cómo comenzaba a valorarse a la gente en función del “tener” y no del “ser”, y (lo peor de todo) cómo no existía ningún régimen claro de premios y castigos. Se crearon organismos de control que nada controlan, y se permitió a las empresas privatizadas hacer lo que quisieran, situación que se mantiene hasta hoy.

Ese Estado ausente que nada controla, es el que debería controlar el tránsito vehicular. Esa anomia y anarquía a la que nos conducíamos no está ausente de nuestras calles… y, ante esto, los gobiernos de turno no saben cómo responder y toman medidas más que discutibles.

Comencemos a analizar la situación por el estado de nuestras calles, caminos y rutas. Muchas parecen haber sido el territorio en el que se desarrolló alguna batalla; sin embargo, nadie cree que el mal estado de las calzadas pueda influir en la producción de accidentes. La señalización es pésima, nadie que haya recorrido nuestras calles y rutas puede decir que uno puede desplazarse tranquilamente sin la ayuda de un mapa y sin preguntarle en ningún momento algo a algún “baquiano”; sin embargo, de nuevo, nadie cree que tener a un conductor desorientado y pendiente de la existencia de alguna señal que le indique hacia dónde debe ir (y no del manejo en sí) tenga que ver con la producción de accidentes.

¿Qué hacen ante esto nuestros gobiernos? ¿Encaran tareas preventivas? ¿Ponen en marcha un plan de saneamiento? No, apelan a la única estrategia que conocen: la represiva… Ponen en la calle miles de policías de tránsito (agentes o zorros, como se les llama vulgarmente) a labrar actas de infracción (con el único fin de recaudar) sin importarles que, cometida la infracción, el riesgo de accidente ya es inevitable. ¿Qué sentido tiene que, al día siguiente de un accidente en el que una combi cae de la autopista, se instrumente un plan para labrar actas de infracción sobre la autopista? (apelando, incluso, al mal gusto de denominarlo “Plan de seguridad vial autopistas seguras”).

¿Cuál es el criterio con el que se llama “ordenamiento del tránsito” a un plan para “sembrar” parquímetros? Lo único que se modifica es que los autos que antes estacionaban gratis ahora estacionarán pagando, pero seguirán estacionando… ¿en qué consiste, pues, el ordenamiento? en que ahora se recauda.

¿Cuál es el criterio con el que se instruye a un policía de tránsito a esconderse detrás de un árbol a labrar actas de infracción de cuanto auto pasa por una esquina (cometa una infracción o no)? ¿No sería mucho más saludable que esa persona estuviese “a la vista” y realizando una tarea preventiva? ¿Cuál es el criterio con el que se establecen las penas? ¿Alguien se puso a pensar seriamente cuál infracción es más peligrosa?

Sé que lo que voy a decir puede sonar “antipático” y no “queda” bien, pero… por ej.: ¿por qué es mayor la pena para quien pasa un semáforo en rojo que para quien circula a contramano? Quien circula a contramano está haciendo algo que es absolutamente imprevisible para los demás conductores; mientras que, quien pasa un semáforo en rojo, puede hacerlo tomando todas las precauciones del caso y sin generar ningún riesgo (tengamos en cuenta que hay infinidad de lugares en los que nadie se atrevería a detenerse por miedo a un robo, lo que se relaciona directamente con esto, ya que ese es otro territorio en el que el Estado ausente contribuye a generar anomia y anarquía). El verdadero riesgo de pasar un semáforo en rojo es que, quien lo haga, lo haga a una velocidad que evite cualquier acción preventiva, propia o ajena, y en ese caso el riesgo estaría dado por la velocidad y no por la violación de la luz roja.

Vienen a mi mente las imágenes que se transmitieron por televisión, captadas por una cámara de seguridad, del accidente que en Vicente López le costó la vida a un adolescente. En ellas se veía claramente cómo cinco minutos antes se retiraba la camioneta de la policía, y me pregunto ¿qué hubiese cambiado con la camioneta de la policía apostada en una calle transversal observando como pasaban los autos? Lo único distinto sería que hoy los policías podrían ser testigos del accidente, nada más.

Si lo que el Estado busca es disminuir la tasa de muertes en accidentes de tránsito, lo que debe hacer es implementar medidas preventivas y no represivas. No se logra nada (excepto engrosar la recaudación) con cobrar multas a diestra y siniestra.

Que quede claro: labrando actas de infracción no vamos a evitar muertes.

(Que no nos extrañe que, a partir de los hechos de ayer a la tarde en la estación Constitución, se declare la emergencia ferroviaria.)

Luis Morales Torres - 16 de mayo de 2007

Menos de una semana después de publicado esto, el gobierno nacional decidió quitarle la concesión a la empresa Metropolitanos; y entregarle los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur (como ya lo había hecho con el San Martín) a un consorcio formado por las demás prestatarias del servicio (como si brindaran un servicio mejor que el de Metropolitanos...).
A raíz de esto tomé conocimiento de que, en el año 2002, el ex-presidente Duhalde había firmado un decreto declarando la emergencia ferroviaria... ¿Sirvió para algo? Creo que esto es una demostración más de que la declaración de la emergencia (en cualquier área que sea) es solo una patraña de gobiernos ineficientes que no tienen idea de cómo resolver eficientemente las cosas.